La Municipalidad de Peñalolén clausuró este miércoles el edificio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ubicado en avenida Quilín 5635, debido a que sus construcciones no cuentan con la recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales. La medida profundiza los cuestionamientos administrativos que enfrenta el organismo rector del fútbol chileno, luego de las denuncias por funcionar durante años sin patente municipal y mantener obligaciones económicas pendientes. El presidente de la entidad, Pablo Milad, calificó el procedimiento de arbitrario y anunció acciones judiciales.
La sede de la ANFP en Peñalolén fue clausurada este miércoles en una acción que vuelve a poner bajo escrutinio la gestión administrativa del organismo encargado de conducir el fútbol profesional chileno. El cierre del recinto, situado en avenida Quilín 5635, se concretó luego de que la fiscalización municipal detectara que las construcciones existentes no cuentan con la recepción definitiva otorgada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), un requisito que permite acreditar que las edificaciones cumplen con las exigencias normativas correspondientes.
La decisión no constituye un episodio aislado, sino que se inscribe en un proceso de fiscalización impulsado por la Municipalidad de Peñalolén, encabezada por el alcalde Miguel Concha. El pasado 15 de octubre, el municipio ya había denunciado que la ANFP desarrolla actividades en la comuna desde 2010 sin contar con la patente municipal correspondiente. A ese cuestionamiento se suman obligaciones económicas pendientes vinculadas al inmueble, antecedentes que, considerados en conjunto, abren interrogantes sobre la situación administrativa y el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de una de las instituciones más relevantes del deporte nacional.
La clausura adquiere especial relevancia por la naturaleza del organismo afectado. La ANFP no es solamente una entidad que administra competencias y representa a los clubes del fútbol profesional: también tiene responsabilidades institucionales que exigen estándares de cumplimiento y transparencia. En ese contexto, las observaciones municipales ponen de relieve una contradicción difícil de ignorar: mientras el organismo ejerce funciones de conducción sobre una actividad sometida a reglamentos y exigencias administrativas, su propia infraestructura enfrenta cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de la normativa vigente.
Tras la fiscalización, el alcalde Miguel Concha defendió la medida y sostuvo que el edificio carece de las autorizaciones necesarias para funcionar en las condiciones actuales.
“Este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar”, señaló la autoridad comunal. Luego explicó que, una vez finalizada la construcción, correspondía realizar un trámite adicional que no se habría completado. “Cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, que es un trámite obligatorio por la Ley General de Construcción y Urbanismo que tenemos en Chile. Este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio”, agregó.
El jefe comunal también cuestionó que, pese al tiempo transcurrido y a la posibilidad de regularizar la situación, la institución no hubiera resuelto las observaciones pendientes. “Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley y por eso hoy, como Municipalidad, estamos en la obligación de generar esta clausura”, enfatizó.
La postura del municipio apunta, por tanto, a una cuestión que va más allá de la existencia de un trámite pendiente: la autoridad sostiene que las irregularidades se habrían mantenido durante un período prolongado sin que la ANFP completara los procedimientos necesarios para ajustarse a las exigencias legales. La controversia también instala un debate sobre la aplicación uniforme de las normas, especialmente cuando se trata de instituciones de gran visibilidad pública y con una posición relevante dentro del deporte nacional.
Concha, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el recinto vuelva a funcionar una vez subsanadas las observaciones. Para ello, explicó, la ANFP deberá acudir a la Dirección de Obras Municipales y resolver las situaciones pendientes relacionadas con la recepción definitiva de las construcciones.
“Tienen acercarse a la Dirección de Obras, subsanar todas las situaciones pendientes que tienen relación con esta recepción definitiva, que es la final y, una vez que eso, ya quede ordenado, inmediatamente se levanta la clausura”, finalizó el alcalde.
La reacción de Milad: denuncia persecución y anuncia acciones judiciales
La respuesta de la ANFP llegó minutos después de la intervención municipal. El presidente del organismo, Pablo Milad, cuestionó la forma en que se ejecutó la clausura, acusó al alcalde de actuar sin aviso previo y planteó que la medida tendría motivaciones que excederían el ámbito estrictamente administrativo.
En declaraciones a la prensa, el dirigente sostuvo: “El alcalde se arrancó… El alcalde viene a ejecutar algo, sin aviso. Es una persecución directa que es totalmente ilegal. Este no es un recinto comercial, es deportivo y educacional, por la INAF”, manifestó desde el acceso al edificio de Quilín.
Milad centró parte de sus críticas en el procedimiento utilizado por la municipalidad y cuestionó que no se hubiera comunicado previamente a la institución la necesidad de resolver las observaciones que, según la autoridad comunal, afectan al inmueble. Desde su perspectiva, la clausura fue una decisión arbitraria que no habría considerado adecuadamente las características y el funcionamiento de las instalaciones, argumento con el que buscó impugnar la actuación municipal.
“Han sido completamente arbitrarios. Nosotros vamos a hacer las acciones judiciales correspondientes. Pedimos un recurso de protección con respecto a esto”, afirmó.
Pese a sus reparos, el presidente de la ANFP reconoció que la clausura se concretaría. “La clausura va, lamentablemente. Este edificio tiene 33 años. Tiene permiso de edificación en este sector y hay otras partes que empezamos a regularizar en 2023. Tuvimos que hacer bastantes ajustes para cumplir la ley y todas las exigencias de edificación”, explicó.
Sus declaraciones introducen un elemento relevante en la controversia: la existencia de un permiso de edificación, según lo señalado por Milad, no resuelve por sí sola la observación formulada por el municipio respecto de la recepción definitiva. Se trata de trámites distintos dentro del proceso de regularización de una construcción, por lo que la discusión deberá centrarse en los antecedentes técnicos y administrativos que permitan establecer qué autorizaciones existen, cuáles están pendientes y qué exigencias debe cumplir el inmueble para operar conforme a la normativa.
La referencia del dirigente a las gestiones de regularización iniciadas en 2023 también abre interrogantes sobre los avances concretos alcanzados desde entonces y sobre las razones por las que las observaciones no habrían sido resueltas antes de la clausura. Si bien Milad sostuvo que se realizaron ajustes para cumplir las exigencias de edificación, la fiscalización municipal concluyó que la situación pendiente relativa a la recepción definitiva justificaba la medida.
El presidente de la ANFP, además, cuestionó las motivaciones del alcalde y acusó una utilización política del episodio. “Yo lo que le critico al señor alcalde es que los llamó a todos ustedes (prensa) para hacerse famoso. No sé si será candidato después”, señaló.
En la misma línea, insistió en que el municipio debió informar previamente las observaciones y otorgar una instancia de comunicación antes de ejecutar la clausura. “Le dije a la gente, porque el alcalde no dio la cara, que por qué no mandan una notificación y mandan a ejecutar. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Hacerse famoso y usar el fútbol como un medio de comunicación electoral? Yo les dije que por qué no mandaron una carta para decir que deben regularizar parte de los permisos que no están con la regularización correspondiente. Eso no lo hicieron”, declaró.
De este modo, la disputa se ha trasladado también al terreno político e institucional. Mientras la municipalidad defiende su actuación como parte de sus facultades de fiscalización y cumplimiento de la ley, la ANFP cuestiona el procedimiento y anticipa una respuesta judicial. La legalidad de la medida y los antecedentes que sustentan la clausura deberán evaluarse a partir de los procedimientos aplicables y de la documentación correspondiente, más allá de las acusaciones cruzadas entre ambas partes.
Sin embargo, el debate sobre la forma en que se ejecutó el cierre no elimina el problema de fondo: la necesidad de esclarecer y regularizar las observaciones que afectan al inmueble. Para la ANFP, el desafío inmediato será demostrar que cuenta con los antecedentes necesarios o completar los trámites exigidos para recuperar el funcionamiento normal de su sede.
La deuda municipal: obligaciones que podrían alcanzar los $172 millones
A los cuestionamientos relacionados con las autorizaciones del edificio se suma otro frente de carácter económico. Según los antecedentes de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Peñalolén, el monto adeudado por la ANFP podría alcanzar los $172 millones. La estimación considera obligaciones acumuladas por concepto de patentes y derechos de aseo, además de los reajustes, intereses y multas contemplados en la normativa.
La cifra representa un elemento significativo dentro de la controversia, pues transforma el caso en un problema que no se limita a la regularización de las construcciones. La situación denunciada por el municipio comprende tanto el cumplimiento de las exigencias administrativas para el funcionamiento del recinto como las obligaciones económicas asociadas a la actividad desarrollada en la comuna.
En otras palabras, la ANFP enfrenta dos asuntos que, aunque relacionados, requieren soluciones específicas: por una parte, resolver las observaciones de la Dirección de Obras Municipales y obtener la recepción definitiva correspondiente; por otra, aclarar y regularizar las obligaciones económicas que la municipalidad señala como pendientes. La solución de uno de estos aspectos no supone necesariamente que el otro quede resuelto de manera automática.
La controversia por los permisos del inmueble también había sido planteada desde el ámbito político local. Este martes, el concejal Juan Cristóbal Cantuarias denunció que las edificaciones utilizadas por la ANFP carecían de recepción definitiva y cuestionó que la institución pudiera mantener sus actividades en esas condiciones.
“Nos enteramos que la ANFP no solo lleva 16 años funcionando en Peñalolén sin patente, sino que además sus construcciones no cuentan con recepción definitiva de la DOM. La ley prohíbe usar recintos u otorgar patente municipal sin esta autorización (art. 145 LGUC). Es decir, la ANFP opera en un inmueble que legalmente no puede ocupar”, escribió en la red social X.
Cantuarias puso el acento en la igualdad ante las normas y comparó la situación denunciada con las exigencias que enfrentan otros establecimientos de la comuna. “Por irregularidades similares, a pequeños emprendimientos de barrio y a vecinos de Peñalolén se les ha aplicado todo el rigor de la ley. ¿Por qué se hace una excepción en este caso? No puede haber una ley para los chicos y otra para los grandes”, añadió.
El planteamiento del concejal introduce una dimensión adicional en el caso: la percepción de que las normas deben aplicarse con criterios equivalentes, sin distinciones derivadas del tamaño, la influencia o la relevancia pública de la institución fiscalizada. Desde esa perspectiva, la situación de la ANFP se convierte en una prueba para la capacidad del municipio de mantener una política de fiscalización consistente frente a todos los contribuyentes y usuarios de sus servicios.
Este miércoles, después de concretarse la clausura, Cantuarias volvió a referirse al procedimiento y expresó su expectativa de que la medida se sostenga jurídicamente. “Esperamos que el procedimiento se ajuste estrictamente a derecho, para que esta medida se sostenga y la ANFP regularice su situación”, comentó.
La observación resulta especialmente relevante en un escenario en el que la ANFP ya anunció que recurrirá a acciones judiciales. La controversia no solo deberá resolverse mediante los trámites administrativos pendientes, sino que también podría abrir una discusión sobre la legalidad del procedimiento de clausura, sus fundamentos y la forma en que fue ejecutado.
Desde el punto de vista municipal, la regularización exige abordar de manera integral los asuntos pendientes. La entidad ya había señalado que, una vez normalizadas las obligaciones económicas, la ANFP debía completar los procedimientos necesarios para formalizar su funcionamiento. Por lo tanto, el proceso no se agota en el pago de una eventual deuda: también requiere resolver las observaciones técnicas y administrativas que afectan a las instalaciones.
La institución presidida por Pablo Milad tendrá que enfrentar ambos frentes si pretende normalizar la situación de su sede en Peñalolén. La evolución del caso dependerá de las gestiones que realice ante las instancias municipales, de la documentación que pueda presentar y de las eventuales decisiones que adopten los organismos competentes frente a los recursos que se anuncien.
Miguel Concha: “Las reglas son iguales para todos”
Las advertencias del alcalde Miguel Concha sobre las obligaciones pendientes de la ANFP anteceden a la clausura de este miércoles. Hace algunas semanas, la autoridad comunal ya había cuestionado que la institución mantuviera una deuda con el municipio mientras continuaba desarrollando sus actividades en Peñalolén.
En declaraciones recogidas por La Tercera, Concha sostuvo: “En Peñalolén las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipales pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen con sus obligaciones”.
El alcalde defendió entonces la necesidad de fiscalizar y exigir el cumplimiento de los compromisos económicos, independientemente de la identidad o relevancia del contribuyente. Su argumento apunta a que los recursos provenientes de patentes, derechos y otras obligaciones municipales forman parte del financiamiento necesario para mantener servicios que impactan directamente en la vida cotidiana de los habitantes de la comuna.
“Vamos a seguir fiscalizando y cobrando las obligaciones que correspondan, independiente de quién se trate. Estos ingresos para el Municipio son necesarios para financiar la seguridad, la salud, el aseo y otras necesidades básicas de nuestras familias”, enfatizó.
La posición municipal establece así una línea de continuidad entre las denuncias por la eventual deuda, los cuestionamientos por la falta de patente y la posterior clausura del edificio. Para la administración de Peñalolén, no se trataría de hechos aislados, sino de una situación que requiere una respuesta administrativa completa, tanto en el ámbito financiero como en el cumplimiento de las exigencias que regulan el uso de las instalaciones.
Para la ANFP, en cambio, el episodio representa un nuevo foco de tensión institucional que deberá resolver sin perder de vista sus responsabilidades administrativas ni el funcionamiento de sus actividades deportivas y educacionales. La anunciada presentación de acciones judiciales abre una vía de impugnación, pero no sustituye la necesidad de aclarar los antecedentes técnicos y económicos cuestionados por la municipalidad.
En definitiva, la clausura de la sede de Quilín expone un problema que va más allá del cierre temporal de un edificio. La discusión involucra el cumplimiento de la normativa, la responsabilidad de una institución de alcance nacional, la igualdad ante las exigencias municipales y la relación entre los organismos públicos y las entidades deportivas.
Mientras la municipalidad sostiene que la reapertura dependerá de la regularización de los aspectos pendientes, la ANFP cuestiona la forma en que se ejecutó la medida y prepara su defensa. El desenlace administrativo y judicial permitirá determinar los pasos necesarios para resolver la controversia, pero el caso ya instala una pregunta incómoda para el fútbol chileno: qué estándares de cumplimiento deben exigirse a una institución que representa y gobierna una de las actividades deportivas de mayor exposición pública del país.
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