La elección de Alejandra Mizala como nueva rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030 no solo marca un hito en la conducción de la principal casa de estudios del país, sino que también abre una nueva etapa en la compleja relación entre la institución académica y el club de fútbol profesional que lleva su nombre.
Con un contundente 60,93 por ciento de los votos obtenidos en la segunda vuelta, la economista se impuso en los comicios universitarios y heredará una agenda cargada de desafíos, entre ellos uno que ha adquirido creciente relevancia pública: la situación institucional y financiera que atraviesa la concesionaria Azul Azul, entidad que administra a Universidad de Chile.
El vínculo entre la universidad y la sociedad anónima deportiva ha vuelto a instalarse en el centro del debate durante los últimos meses. Azul Azul se encuentra bajo una intensa exposición pública producto de los cuestionamientos surgidos a raíz del denominado Caso Sartor, además de las denuncias que han involucrado a Michael Clark, quien encabezó la concesionaria como presidente desde 2021 hasta el pasado 23 de abril. Su salida del cargo ocurrió apenas once días antes de que la Fiscalía concretara un allanamiento a su domicilio y oficinas, un hecho que profundizó las dudas sobre la gobernanza y la transparencia al interior de la sociedad que administra al club.
En este contexto, la llegada de Mizala a la rectoría adquiere una dimensión que trasciende el ámbito estrictamente académico. Durante su campaña fue una de las voces que manifestó con mayor claridad la necesidad de que la Universidad de Chile examine con atención la relación contractual que mantiene con Azul Azul, enfatizando que la institución no puede permanecer indiferente frente a situaciones que eventualmente pudieran afectar su prestigio, su imagen pública y los principios que históricamente ha defendido.
La académica abordó en diversas oportunidades la crisis institucional que rodea al club y fue categórica al sostener que corresponde revisar el convenio vigente entre ambas entidades. En declaraciones entregadas a La Tercera mientras competía por la rectoría, expresó que “siempre velaré por la defensa irrestricta de los principios y valores que sostiene nuestra universidad y expreso mi mayor preocupación por los hechos públicamente conocidos”.
Sus palabras reflejan una postura que busca situar a la universidad como un actor activo en la defensa de su patrimonio simbólico e institucional. En esa misma línea, Mizala sostuvo que “el convenio con Azul Azul debe ser revisado en cuanto a las obligaciones establecidas y su cumplimiento por parte de la concesionaria. Asimismo, estudiaré los antecedentes de la investigación penal en curso para actuar con la seriedad y responsabilidad institucional que esta situación amerita”.
Una vez electa rectora, volvió a insistie en su postura: “La rectora Neves pidió un informe en derecho y tenemos que esperar esos resultados porque nos va a dar algunas luces de los caminos a seguir”
“No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo. Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado”
La relevancia de estas declaraciones radica en que anticipan una administración que podría adoptar una actitud más fiscalizadora respecto del vínculo con la concesionaria. Se trata de una materia especialmente sensible, considerando que Universidad de Chile no solo cede el uso de uno de los nombres más reconocidos del deporte nacional, sino que también resguarda una marca profundamente ligada a su historia, identidad y proyección pública.
Mizala sucederá en el cargo a Rosa Deves y llega a la rectoría respaldada por una extensa trayectoria académica y de gestión universitaria. Economista formada en la Universidad de Chile y doctora en Economía por la University of California, Berkeley, ha desarrollado una carrera de más de 37 años vinculada a la docencia, la investigación y el diseño de políticas públicas, consolidándose como una de las académicas más influyentes del sistema de educación superior chileno.
Actualmente ostenta la categoría de académica titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde ha impulsado numerosas iniciativas relacionadas con la calidad de la educación, la equidad y el fortalecimiento de las oportunidades de acceso y desarrollo para estudiantes y académicos. Su trayectoria también ha estado marcada por una permanente preocupación por el fortalecimiento de la educación pública y el rol de las universidades estatales en el desarrollo del país.
Entre 2022 y 2026 se desempeñó como prorrectora de la Universidad de Chile, período durante el cual lideró procesos de modernización institucional orientados a mejorar la gestión universitaria, fortalecer la colaboración entre las distintas unidades académicas y consolidar estándares de excelencia en la formación e investigación.
Ahora, al asumir la máxima autoridad de la institución, Mizala enfrentará el desafío de proyectar ese mismo sello de gestión hacia una universidad que observa con atención la evolución del caso que involucra a Azul Azul. Su postura frente a la concesionaria sugiere que la relación entre ambas entidades podría entrar en una etapa de revisión y evaluación más rigurosa, en momentos en que la Universidad de Chile busca resguardar no solo sus intereses jurídicos y contractuales, sino también los valores institucionales que constituyen una parte esencial de su identidad histórica.
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